Dentro de sus políticas de derecha, las que estuvieron a la orden del día fueron las medidas de control social con la excusa de la inseguridad, la asediosa protección de la propiedad privada y sin alcanzarle eso, de los espacios públicos.
Con respecto a la propiedad privada podemos ver que los desalojos de casas tomadas ya sean para vivienda (400.000 personas en emergencia habitacional) o para centros culturales (reivindicación de la expropiación) fueron moneda corriente en los últimos años, pero más que nada en los últimos meses, con la crisis a cuestas. La mayoría de los desalojos de los últimos años fueron efectuados en los barrios céntricos de la capital, como Balvanera, San Cristóbal, Constitución, San Telmo, La Boca, etc. Estos barrios que poseen gran potencial de negocios vienen siendo blancos de una eficaz y feroz presión por parte de los grupos de especulación inmobiliaria, para que el gobierno aplique una política de desalojos (facilitada por la ley 25.488 de 2002, que con la excusa de que al flexibilizarse los desalojos más propietarios iban a querer ofrecer sus inmuebles en alquiler reduciendo así los precios, permite realizar el desalojo preventivo antes de que el juez dicte sentencia). Estos grupos, que incitan a los propietarios a revalorizar su barrio denunciando ocupaciones y casas tomadas, son los que el gobierno de la ciudad viene protegiendo, mientras que tiene una deuda de pago al hospital Garrahan, a las cooperadoras de las escuelas, a la educación en general. Cabe también citar por sintomático la sentencia dictada por un juez de la ciudad de Bs. As. al intervenir en el conflicto de Indugraf, fallando a favor de la denuncia por usurpación a la propiedad privada. Lo cual marca cual va a ser la orientación de los miembros del poder judicial porteño que va instalando la actual gestión.
Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la tan cuestionada UCEP (Unidad de Control del Espacio Público) que se encarga de patotear indigentes, cartoneros, echarlos violentamente de los espacios públicos donde ya tan penosamente tienen que vivir. Esta unidad se encarga también de realizar los desalojos de propiedades tomadas como viviendas, para lo cual oportunamente Macri vetó la Ley de Emergencia Habitacional, que prohibía desalojar a personas que utilizasen como viviendas las propiedades ocupadas. Así, se busca una ciudad limpia (de pobres) en la que puedan vivir felizmente los “vecinos” que pueden pagar. Ello, junto con la política de cercar parques, desalojar iniciativas de organización social (Huerta Orgázmica, Sexto Cultural, Centro Cultural Almagro, Asamblea de Flores, IMPA, y un largo etcétera) conforman un arco de medidas que tienen por común denominador excluir siempre aún más a los más desfavorecidos y ahogar toda iniciativa de autoorganización.
Una política que es signo no solo de la gestión Macri, sino también de la de Ibarra – Telerman, la cual invocando “el derecho de circular libremente que tienen todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires” habla de cuidar el espacio público para referirse al control de las iniciativas populares. No es casual, que tras el proceso del 2001-2002 en el ámbito de la ciudad se haya creado el Ministerio de Espacio Público, luego la UCEP, y ahora creando una policía metropolitana (llevando a la práctica una ley de 1995) con el explicito fin de reprimir la protesta social y cuyo presupuesto inicial triplica el destinado a la obra pública, por ejemplo. Cabe acotar respecto a esto último que el kirchnerismo sale a decir que la policía debe utilizarse para combatir el delito, no para reprimir la protesta social, haciendo gala de su doble discurso, porque cuando lo necesita tampoco tiene problema en salir a reprimir (Coop. Filobel-Febatex en Quilmes, SUTEBA La Plata). Esto porque por más progresista que sea cualquier gobierno, policía es policía y existe para defender los sectores dominantes y mantener su orden. Esta policía parece más peligrosa para los sectores populares pero solo por el carácter abiertamente reaccionario y represivo que tiene el gobierno de Macri.
La creación de esta policía viene a reforzar coherentemente el conocido discurso de derecha acerca de la inseguridad que se traduce en criminalización de la pobreza, de la protesta social y tiene eco en la discusión por la baja de imputabilidad de menores. El hecho de que los jóvenes, ya sea en tanto provenientes de sectores populares (por ejemplo el gatillo fácil) o en tanto actores de protestas sociales (secundarios, terciarios y universitarios) sean un blanco predilecto de la represión policial, ha de merecer la adecuada atención por parte de quienes militamos en el ámbito educativo.
Pero la tendencia a expulsar de la ciudad a sus creadores para hacerla el recinto VIP de los sectores parasitarios del orden social no es nueva, ya en los 70’, por ejemplo, la dictadura erradicó la Villa 31 y creó lo que hoy es Fuerte Apache. Hoy, la política de desalojos, la represión de las manifestaciones de la vida popular y un mercado inmobiliario capitalista que lleva a que los alquileres sean casi incosteables para buena parte de los trabajadores, genera una situación que pinta de cuerpo entero la lógica del actual sistema social. Los trabajadores, que son quienes construyen y mantienen las casas, calles, parques, medios de transporte y obras de infraestructura, no disfrutan de ninguno de los beneficios de la ciudad y se ven obligados a vivir cada vez más lejos y en peores condiciones de vida, perdiendo en muchos casos hasta 80 horas mensuales arriba de los medios de transporte para venir a servir a unos “vecinos” que los usan y muchas veces los desprecian.
Por ello, solo la organización de los oprimidos y explotados desde abajo puede construir la organización popular que le haga frente a la actual oleada represiva y permita que la ciudad vuelva a manos de sus productores, o sea, los trabajadores.
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