El análisis del presupuesto del gobierno nacional para el ejercicio 2011 permite volver a reafirmar la necesidad de luchar por nuestros derechos y arrancar parte de lo que el Estado nos quita diariamente, haciendo caso omiso a los cantos de sirena de los aduladores del régimen que nos dicen que éste es un supuesto gobierno “progresista”, cuando en realidad sino fuera por el carácter reaccionario de lo tenido masivamente por “oposición” ni siquiera calificaría como de centro izquierda.
Los números del presupuesto arrojan que, en lo esencial, no han cambiado las prioridades de gasto ni las fuentes de recursos en relación a las épocas neoliberales, más allá de ciertas medidas forzadas por la coyuntura política y económica. Lo mismo puede decirse para el caso del presupuesto educativo en particular.
¿De dónde sale la plata?
Fieles al legado del neoliberalismo, las principales fuentes de ingresos contempladas en el presupuesto nacional se hallan dadas por la toma de deuda pública y un impuesto tremendamente regresivo como lo es el IVA (ya que pagan 21% tanto ricos como pobres, y no afecta de igual modo la calidad de vida pagar el 21% de 50.000 pesos que de 2.000 pesos).
En concepto de endeudamiento estatal se establece la suma de 151 mil millones de pesos (entre emisiones de bonos y pedidos de créditos), mientras que por IVA se esperan 126 mil millones de pesos de ingresos. Sin embargo, nadie habla de ello, pues una oposición aún más reaccionaria que el gobierno solo se fija en las retenciones y las ganancias. Ambas son fuentes de ingresos que, en el caso de las ganancias ascienden a 89 mil millones de pesos y, en el caso de las retenciones, a 52.000 mil millones de pesos.
A esto cabe agregar que una supuesta medida presentada como “revolucionaria”, como fue estatizar las AFJP, en realidad respondió a la necesidad de hacer frente a la deuda externa; ya que hoy los dineros que los trabajadores entregan a las AFJP, en lugar de ir a los jubilados y otras obras, van fundamentalmente a pagos de la deuda externa y solo en ínfima medida vuelve al pueblo. Ejemplo de esto último es la asignación universal por hijo, que solo implica 10.000 mil millones de pesos y fue resuelta luego de que tras la derrota electoral de 2009 quedase claro que sin una mínima medida social no había posibilidad de ganar en el 2011.
Por otro lado, las reservas del Banco Central (otra fuente de financiamiento) salen de una política basada en un modelo agroexportador, ya que son fruto de la compra de dólares por parte del Banco a fin de mantener alto el precio del dólar y favorecer de este modo a los exportadores de bienes primarios: la oligarquía supuestamente enemiga del gobierno. Si dicha oligarquía se enfrenta al gobierno es más por obstinadamente reaccionaria que porque éste la toque en sus privilegios (como reconoció un miembro de la Sociedad Rural en el velatorio de Kirchner). Para explicarse mejor, para que la oligarquía se vea “estimulada’ a exportar sus productos necesita ganar mucho dinero de dicha acción. Ello ocurre si el dólar está alto porque por cada tonelada de, por ejemplo soja exportada, le entran más pesos. Para que el dólar esté alto, el Banco Central compra muchos dólares en el mercado cambiario. Esos dólares se almacenan en forma de reservas.
De este modo, queda claro que si este no fuera un gobierno tan neoliberal como niega ser, cambiaría las fuentes de financiamiento y en lugar de obtener sus ingresos de seguir tomando deuda y de los sectores trabajadores, lo haría desde impuestos directos a la riqueza burguesa que gracias a la política de este gobierno se han incrementado exponencialmente.
Es claro que el gobierno no pretende afectar a los burgueses como clase y sólo se enfrenta a sectores particulares de la burguesía si así lo requieren necesidades políticas coyunturales (por ejemplo el caso del enfrentamiento con Clarín), presentando eso discursivamente como si fuera lo más a la izquierda que hubiese en el país.
¿En qué se gasta?
Como en épocas neoliberales, el principal ingreso del Estado es pedir prestamos al exterior y el principal gasto es pagar deuda pública. Ascendiendo esta erogación para 2011 a 148 mil millones de pesos.
Como ya se mencionó, se han realizado algunas políticas sociales, caballito de batalla del gobierno para diferenciarse de sus predecesores, pero éstas son financiadas por los mismos trabajadores sin afectar a la burguesía.
Por otro lado, la mayor parte del incremento presupuestario proviene de ajustes salariales rezagados al aumento de precios y aumentos de gastos generados por la inflación (por ejemplo, una resma para oficina que salía 23 ahora sale 29 pesos). Por eso es que al analizar el presupuesto debe tenerse en cuenta, según la inflación, si se trata de aumentos nominales o reales (o sea, superiores al aumento de precios). Este análisis nos muestra que el gasto social si bien aumentó en términos nominales, en términos reales cayó, y gran casualidad, el único ítem que se incrementó en términos reales es el de pagos de la deuda externa.
Mención aparte merece el rubro subsidios a los capitalistas, área en que el gobierno tampoco se diferencia de otros gobiernos neoliberales, ya que no solo enriquecen a empresarios (y también sindicatos burocráticos, como se vio en el caso de los ferrocarriles) que brindan servicio públicos de baja calidad, sino que es un modo indirecto de subsidiar a los empresarios ya que reducen la presión al alza salarial (ya que si los costos de viáticos fueran más altos deberían ser pagados por los empleadores). Otra vez se ve aquí cómo una política destinada a garantizar el enriquecimiento de la burguesía es presentada como una política por la cual lucharon los desaparecidos del los 70’.
¿Y la educación?
Con el ciclo de luchas estudiantiles que se abrió a partir del proceso de tomas coordinadas y en solidaridad por el movimiento de estudiantes secundarios organizados en la CUES, se puso por fin en la agenda de debate de toda la población, algo que nadie ignora, la crisis educativa.
En relación a este aspecto, del análisis del presupuesto educativo surge que tampoco en esta área el gobierno actual difiere en los aspectos sustanciales de los gobiernos anteriores.
El discurso del gobierno anunció que la educación sería objeto de un aumento en sus recursos del orden del 13,8%, ascendiendo a la suma de 19 mil millones de pesos. Pero en realidad, ese porcentaje no es en relación al presupuesto 2010 sino a lo que efectivamente se ha ejecutado del mismo, que es unos 17 mil millones de pesos. Además, nada asegura de que este año se ejecuten la totalidad de lo presupuestado.
Cabe aclarar a su vez, que dicho aumento obedece a un crecimiento vegetativo, o sea, fruto del aumento de costos por la inflación, de la cantidad de docentes y estudiantes, de los aumentos salariales ya pactados este año. Así, si en realidad no miramos solo lo nominal sino que apuntamos al presupuesto real, o sea, teniendo en cuenta la inflación, el presupuesto ha caído un 5% según la inflación del INDEC y un 22% según la inflación evaluada por consultoras privadas.
De esta manera, la cantidad de presupuesto que se invierte por estudiante en el sistema no solo no sube, sino que se halla estancada y sigue siendo relativamente baja.
¿Y el 6% del PBI para educación?
El gobierno se jacta que, acercándose a los parámetros recomendados a nivel internacional, el presupuesto educativo es del 6% del PBI. Pero lo que no aclara es que ello surge de la suma del presupuesto nacional, los presupuestos provinciales, los subsidios a la educación privada y la inversión privada en educación. En realidad los 19 mil millones de pesos del presupuesto nacional tan solo son el 1,5 % del PBI proyectado.
Además de que no solo hay que tener en cuenta el presupuesto sino a qué unidades se destina y cómo, así buena parte de ese presupuesto va alimentar tanto a la tecnocracia del Ministerio de Educación como a quienes se ajusten a las políticas mercantilistas promovidas, por ejemplo, a través de las partidas especiales que otorga la Secretaria de Políticas Universitarias.
Para el caso específico de las Universidades Nacionales el presupuesto pasaría de 10 mil a 13 mil millones de pesos, cifra que se explica por los aumentos salariales y de costos provocados por la inflación, además del crecimiento vegetativo de alumnos y docentes.
Un poco de historia…
En los ´90 el menemismo se encargó de completar el proceso de fragmentación del sistema educativo iniciado por los milicos. Al descentralizar la educación, descentralizó el financiamiento dejando que las provincias con más necesidades dependieran casi sólo de sus magros ingresos, y dividiendo la lucha salarial docente entre las distintas provincias. Esto favoreció el desfinanciamiento del sistema educativo que se perpetúa hoy. La Ley Federal de Educación y Ley de Educación Superior fueron rechazadas masivamente por promover la mercantilización de la educación y ser aplicadas con recortes del presupuesto en educación que evidenciaban cuál era la política.
Tras la revuelta popular de diciembre del 2001 el kirchnerismo se puso al hombro la tarea de reconstituir la gobernabilidad. En el ámbito educativo esto se tradujo en, con el mismo juego por el cual se presentó como un “militante de los 70” a la hora de ser votado, sacar leyes educativas para derogar a las del menemismo…pero continuando en lo esencial con su legado.
Aprobó una Ley de Financiamiento Educativo que marcaba para el 2010 un 6% del PBI en educación, pero incluyendo el financiamiento privado y provincial. Luego, rápidamente aprobó la Ley de Educación Nacional con concesiones a puntos de vista de la iglesia, y la Ley de Educación Técnico Profesional, con concesiones a las necesidades de los industriales.
Los resultados son claros: no se logró revertir ninguna de las tendencias a la fragmentación del sistema educativo; devaluación de los contenidos a fin de retener en la escuela más fácilmente a las masas populares mientras se da educación de excelencia a una élite; nunca se lograron recuperar las escuelas técnicas, excepto aquellas que nunca siguieron las leyes educativas de los 90’ como es el caso de CABA; cada vez hay más problemas edilicios; siguen faltando becas, viandas; el salario docente sigue siendo menos que insuficiente en todas las provincias; se sigue aumentando comparativamente el presupuesto a la educación privada… La reforma educativa de los noventa fue sucedida por una reforma k de la reforma que cambió un poco para no cambiar nada.
En materia de educación superior, prefirieron continuar intentando aplicar la Ley de Educación Superior menemista (LES), ya que hay compromisos con organismos de crédito internacional, como el Banco Mundial, para su aplicación. Los proyectos de ley que han esbozado como as en la manga para cuando logremos la derogación de la LES, mantienen la continuidad de la política mercantilista. De hecho, más allá de LES o no, el kirchnerismo creó el Ministerio de Ciencia y Técnica al que dotó de un fuerte presupuesto y hasta de un préstamo del Banco Mundial por millones para favorecer la transferencia de conocimiento desde el sector público (bancado con los impuestos de la clase trabajadora) a la empresa privada, así como la mayor injerencia de sectores privados en los contenidos por la aplicación de la CONEAU (organismo de evaluación de contenidos de la LES contra el que aún luchamos).
¡Por eso sigamos luchando!
Vemos de este modo, que la mercantilización de la educación que se expresa en la educación pública como crisis de la misma, es un fenómeno que las distintas fracciones capitalistas comparten, aunque con sutiles diferencias (por ejemplo en cuanto al nivel de contención social aceptable). Este modelo puede sintetizarse en sostener aquello que alcance para contener a los segmentos más pobres, vender al mercado todo lo que sea vendible (la educación superior y la formación técnico profesional) y, el resto, desfinanciarlo hasta reducirlo al mínimo exponente. Así es como llegamos a escuelas que se caen y a las que, lejos de arreglarlas, se les instala (como es el caso del Mariano Acosta) redes para contener los cascotes e impedir que impacten en las cabezas de docentes y estudiantes…o a ser necesarias tomas de dos meses de una Facultad como la de Ciencias Sociales para que se dignen adelantar la pequeña cifra (si la comparamos con lo que destinan a otras cuestiones) de 20 millones de pesos para avanzar en un edificio que a este ritmo demorará más de 10 años en construirse.
Queda claro que las consignas de “aumento del presupuesto para educación” tienen más vigencia que nunca en un programa reivindicativo que defienda la educación pública como única oportunidad de acceso masivo de la clase trabajadora a una instancia de educación formal, aunque sea con las marcadas deficiencias de una educación diseñada por la burguesía. Quién sabe si hasta no nos estamos quedando cortos con la vieja consigna de “triplicación del presupuesto”, como veremos, la inflación ya nos ganó de mano hace rato.
Es en este contexto es que se llamaba a marchar por la ley de presupuesto de Boudou desde algunos sectores más o menos alineados con el oficialismo (aquellos que quisieron evitar que la lucha se generalice y supere la fragmentación de luchas contra Macri y luchas contra tal o cual rectorado para marcar la responsabilidad del gobierno nacional), y también sectores que toman una política de apoyar lo menos peor, lo que sea. Desde este singular punto de vista, no apoyar una ley de presupuesto que “aumenta el presupuesto en educación”, y que supuestamente nos daría las partidas extraordinarias que necesitamos para al menos parchar de urgencia algunos de los problemas edilicios, era “hacerle el juego a la derecha”.
“La derecha quiere desfinanciar a la educación, el kirchnerismo no, hacen lo que pueden” nos dicen, amparándose en las sutiles diferencias de política de las que hablábamos. ¡Qué caradurez! Como observamos, la política presupuestaria del kirchnerismo es cualquier cosa, menos algo que el movimiento estudiantil deba apoyar, ya que precisamente continúa en sus puntos centrales las políticas neoliberales vigentes en las últimas décadas.
Si bien es fácil atribuirle la crisis de la educación al macrismo - ya que su política educativa es aun más regresiva, priorizando el financiamiento al sector privado, desfinanciando al sector público y elaborando listas negras y persiguiendo a los que luchan - los lineamientos principales se comparten y son un aggiornamiento de las políticas neoliberales del menemismo en educación.
Por qué luchar por más presupuesto no es apoyar tal o cual proyecto de ley
Si bien desde una lectura anarquista podemos prever fácilmente que una discusión en el seno del Estado por tal o cual ley de presupuesto no va a redundar en ningún beneficio para la clase trabajadora sino todo lo contrario, creemos necesario tener bien en claro a qué nos enfrentamos hoy en día, en que algunos “compañeros” quieren presentarnos como “menos malo” a este gobierno.
Es necesario luchar por un incremento real del presupuesto y no solo nominal. Además, exigir un aumento de presupuesto debe ir acompañado de un reclamo de gestión del mismo, ya que como dijimos, analizando el detalle de los gastos previstos en educación, aparece que la mayor parte va al Ministerio de Educación, que es un ministerio sin escuelas. Decimos que es un Ministerio sin escuelas ya que durante la última dictadura fueron transferidas a las provincias las escuelas primarias y durante el menemismo, las escuelas secundarias. Es decir, salvando algunos programas de mejoras y becas otorgados discrecionalmente, van a mantener una hipertrofiada burocracia ministerial y a los tecnócratas e intelectuales que suelen dar discursos demostrando su formación sociológica y pedagógica pero que poco saben de la realidad en las escuelas.
Para lograr ambos objetivos (aumento real y bajo gestión de estudiantes y trabajadores de la educación) es necesario avanzar profundizando la democracia directa mediante asambleas de base y la acción directa, sin intermediarios en nuestros procesos de lucha. Sólo la experiencia en la lucha nos permitirá ir avanzando en un programa compartido del movimiento estudiantil, docente y no docente que hoy nos permita ganar nuestras reivindicaciones y articular a mediano y largo plazo en un proceso más amplio que nos lleve hacia una ruptura revolucionaria de signo libertario.
¿Qué es la deuda pública?
La deuda pública se refiere al total de deuda que el Estado contrae con organismos y particulares. Es una forma más que se utiliza para el financiamiento del gasto estatal. Las formas en las que ésta es contraída, puede clasificarse tanto por el plazo que tenga el pago de ésta (a corto, mediano, o largo plazo) como así también por la nacionalidad del acreedor (interna o externa).
También puede diferenciarse la deuda amortizable de la deuda perpetua. La primera refiere a aquellos títulos que, transcurrido cierto plazo, deben ser reembolsados con sus respectivos intereses. La segunda, es aquella cuyo reembolso no es efectuado sino que se pagan intereses anuales por el empréstito realizado de manera perpetua.
Cabe señalar que la deuda pública Argentina inicialmente tenía por acreedores a los organismos internacionales de crédito y a los bancos, progresivamente y siguiendo una tendencia mundial los acreedores han pasado a ser particulares que compran los bonos emitidos por el Estado en los mercados de capitales.
De allí se explica aquello de que se le debe a “un plomero de Estados Unidos” ya que los bonos son comprados por fondos de inversión que utilizan los depósitos de sus ahorristas. Por eso es que, hasta la estatización de las AFJP, éstas eran unas de las principales prestamistas del Estado (respecto a estas la ANSES no se diferencia mucho de su accionar ya que con los fondos de los trabajadores busca ganancias de los mismos mediante su inversión en el mercado financiero).
Hoy los organismos de crédito son acreedores muy secundarios, que solo sirven como aval para que otros te presten. Por eso, cuando se canceló la deuda con el FMI en realidad solo se pagaba menos del 10 % de la deuda pública y se lograba evitar las inspecciones de dicho ente. Por eso mismo pagarle al Club de Paris es más bien como señal para que otros le presten al Estado argentino en momentos en que empiezan a acumularse los vencimientos de la deuda renegociada tras el default.
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